Luego del escándalo del envenenamiento del que fue víctima, y cuando no se ha recuperado ni física ni emocionalmente, la actriz Gabriela Spanic enfrenta un nuevo dolor de cabeza: el riesgo de ser deportada por violar la ley o que las autoridades le modifiquen su estatus y le restrinjan su calidad migratoria.
Asimismo, María Celeste, la asistente argentina, presunta responsable de envenenar a la actriz venezolana, también está en ese riesgo, porque la Ley de Población es muy clara respecto a la condición migratoria y ambas extranjeras, patrona y empleada, violaron la norma y se colocaron en la antesala de la deportación.
Sin embargo, María Celeste, al encontrarse recluida en prisión, antes deberá enfrentar el juicio penal; pero en cuanto recupere su libertad, de inmediato deberá afrontar el problema de su situación migratoria cuya situación debe perseguirse de oficio por parte del Instituto Nacional de Migración.
Así los explica el licenciado Ricardo Vázquez Contreras, del despacho Firma Legal Vázquez Martínez, quien tiene amplia experiencia en el tema migratorio. El jurista explicó que los casos relevantes, como la matanza de migrantes en Tamaulipas, evidencian las graves fallas que hay en el tema migratorio pero “hasta que se ahoga el niño las autoridades tapan el pozo”.
En el caso de Gabriela Spanic y su asistente argentina, existe una acta ministerial que señala, por declaración propia de ambas extranjeras, que la patrona contrató a la asistente, que le pagaba 12 mil pesos mensuales, que su trabajo consistía en apoyarla en lo relativo a su trabajo actoral y en asuntos personales y que no tenía horario, etcétera, lo cual obliga la intervención de oficio de la autoridad migratoria, explicó el abogado.
Con esa manifestación ante las autoridades, continuó, se hace erga omnes, es decir, plena prueba de que ambas violaron la Ley de Población y su reglamento, pues éste, en el artículo 106 fracción III, establece como causal de sanciones que modifican el estatus migratorio: “Cuando haya infringido la Ley, este Reglamento u otras disposiciones administrativas aplicables en la materia, o no cumplan con los requisitos establecidos en las mismas”.
Y es evidente que Gabriela Spanic y su asistente María Celeste violaron varios preceptos legales, la primera porque contrató a una extranjera y no cumplió con los requisitos de ley, como dar aviso a las autoridades, y la asistente por no tener permiso de trabajo. Con estos supuestos, ambas están al margen de la ley y su deportación puede darse de facto con la modificación de su estatus migratorio, “siempre y cuando el INM haga su chamba”, explicó el jurista.
